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Jorge López, director de la Organización Oasis, aseguró que la situación de vulnerabilidad, desprotección, violencia y discriminación en contra de los miembros de la comunidad de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en Guatemala alcanzó niveles críticos durante la última década, periodo en que destacó la inacción y desinterés del Estado para garantizar la seguridad esta comunidad, el irrestricto respeto a sus derechos y el combate la impunidad que existe en los crímenes de odio.
Jorge López declaró que Guatemala continúa retrocediendo en la protección de las comunidades de la diversidad sexual, lo cual se evidencia en los múltiples asesinatos y otros crímenes que se comenten anualmente en las calles del país; solo entre mayo y junio de este año se reportó el asesinato de al menos 13 personas transexuales y transgénero en la ciudad capital.
Estos crímenes son cometidos por gavillas del crimen organizado que extorsionan y matan a hombres y mujeres transgénero que están trabajando o sobreviviendo sexualmente en las calles de Guatemala, afirmó el entrevistado.
Las bandas delincuencias exigen el pago de 150 quetzales a cada uno de los hombres o mujeres trans como “derecho de piso” para poder colocarse en las esquinas de la zona 1 capitalina por la noche; el incumplimiento del pago de la extorsión puede concluir en la muerte de las personas trans.
El director de Oasis aseveró que estas bandas operan con el conocimiento del Estado, sin embargo, las autoridades correspondientes no han tomado acciones para detenerlas; yo mismo he planteado denuncias con nombres y direcciones donde pueden ser encontrar a esos delincuentes, pero en el Ministerio Público (MP) no existe seguimiento a los casos y cada una de estas situaciones queda en completa impunidad, añadió.
Estamos en un sistema en donde por un lado podemos mencionar con mucha alegría que la fiscalía coloca la bandera de la diversidad sexual en sus instalaciones, una muestra de que aparentemente nos están esperando con los brazos abiertos para llevar nuestros casos, pero en la práctica, existe una completa impunidad, recalcó.
López enfatizó que la mayoría de los crímenes de odio ocurren por los prejuicios religiosos que existen en el país y la completa inacción de las instituciones del Estado obligados a erradicar este tabú, causado por la orientación sexual y de género.
Señaló además que solo durante el periodo de 1996 al 2006 se cometieron en el país un total de 96 asesinatos de personas de la comunidad LGTBI, los que, al igual que los 18 casos que en promedio se registran anualmente, no se han esclarecido ni existen sentencias.
El director de Oasis recordó que desde el 2008, cuando Guatemala pasó por primera ocasión el Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado se comprometió a cumplir recomendaciones referentes a la protección de la comunidad LGTBI, sin embargo ninguna de estas se ha cumplido.
Ese año, Suiza recomendó a Guatemala tomar las medidas necesarias para luchar contra el femicidio, los linchamientos y asesinatos de personas basadas en su orientación sexual.
Por su parte, Eslovenia recomendó poner fin a la impunidad de los ataques contra miembros de comunidades marginadas, incluso por motivos de orientación sexual y de género, y poner en marcha actividades de sensibilización al respecto, dirigidas especialmente a los funcionarios de seguridad y del poder judicial.
Mientras que, República Checa recomendó adoptar medidas para erradicar la impunidad de los ataques contra defensores de derechos humanos y personas debido a su orientación sexual o identidad de género, incluidos programas específicos de educación y concientización para autoridades judiciales, policiales y otras que se centren en la protección de los derechos humanos por la orientación sexual o identidad de género de las personas.
Esta es una situación bastante preocupante, porque miramos que el Estado asume compromisos y luego no los cumple, algo que se ha vuelto costumbre desde hace mucho tiempo, criticó López.
En noviembre de este año Guatemala pasará nuevamente por el mecanismo del EPU, durante el cual deberá informar a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las acciones implementadas para cumplir con las recomendaciones que aceptó cumplir en los años 2008 y 2012.
Via: Cerigua
