Es posible sentar en el banquillo de los acusados a quienes se sentían intocables e inalcanzables por la justicia

El 04 de agosto del presente año, el Comisionado Iván Velásquez Gómez fue invitado a la lección inaugural del segundo semestre 2016 de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Su conferencia se centró en el tema «democracia y justicia en Guatemala».

“Guatemala como en tantos de nuestros países de América Latina ha atravesado largos caminos de impunidad que han conducido a la resignación y a la desesperanza. La justicia parece, que no llega a centros de poder legal o ilegal; que era inaplicable a los poderosos de toda clase; y que se ha contentado con perseguir -cuando lo hace- a la pequeña delincuencia, a la gente común, a los más débiles. Es como según me decían -de una expresión utilizada en Guatemala- «la serpiente que sólo muerde a quien tiene los pies descalzos».

Probablemente la impunidad ha sido una estrategia del poder para mantener sus privilegios, y por eso nunca atendió las necesidades de la justicia, o simplemente no ha sido un tema de su interés porque no produce rendimientos económicos directos. Tal vez eso pueda explicar por qué razón Guatemala únicamente tiene fiscales en el 10% de sus municipios, y el número de juzgados por 100 mil habitantes apenas supera la mitad del promedio latinoamericano.

La impunidad relaja los límites morales, subvierte los referentes éticos que la sociedad debe tener, desinstitucionaliza el Estado y genera una cultura de ilegalidad que permea absolutamente todas las relaciones sociales; la relación de los ciudadanos entre sí; de los ciudadanos con el Estado y de los servidores públicos que trastocan el interés común, que juran defender por el propio provecho y el fácil enriquecimiento.

La normalidad que todo eso supone se vuelve cotidiana; las fechorías se celebran; las mal habidas riquezas de los delincuentes se envidian; si acaso despiertan estos un murmullo en los cocteles a los que son invitados y después esos mismos que murmuran, se ven felices, abrazados en las páginas sociales.
«No pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley» decía Enrique Santos Discepolo desde 1935, en ese famoso tango «Cambalache».

Y entonces la inquietud: si así era la tolerancia, la impotencia, la indolencia o el desencanto en Guatemala hasta hace muy poco, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que dio lugar a este presente esperanzador? Esto que se ha llamado «el despertar de Guatemala». Porque la impunidad no se ha acabado, la corrupción sigue. Probablemente tampoco se ha debilitado sustancialmente y, sin embargo, el país es distinto, o por lo menos se respira un aire diferente.

¿Y qué fue lo que generó este nuevo optimismo, estas ganas de expresarse, este interés renovado de que el Estado funcione adecuadamente? ¿Qué es lo distinto en la actividad de ustedes, en el sentimiento de ustedes, en el entendimiento de ustedes, antes de abril del año pasado y después de abril del año pasado? O creo que hemos logrado transmitirle a la sociedad nuestra certeza de que la lucha contra la impunidad es posible; que la lucha contra la corrupción es posible; que es posible sentar en el banquillo de los acusados a quienes se sentían intocables e inalcanzables por la justicia, y que no es el murmullo de los cocteles, sino que ahora presentamos pruebas que señalan a esos corruptos, y esto no sólo ha devuelto la confianza en las instituciones de justicia sino en la propia capacidad de la ciudadanía para empezar a transformar la realidad, su realidad.

Esas formidables concentraciones del año pasado, en las que miles de personas de toda condición se juntaron cada sábado durante tantas semanas a protestar contra la corrupción; a reclamar reformas profundas del Estado; a exigir justicia, es una experiencia que tampoco puede pasar desapercibida ni puede ser desaprovechada.

Todos reunidos: universitarios de la más variada condición, de la más variada procedencia; familias de diversas condiciones económicas y sociales; empresarios y trabajadores; hombres y mujeres; viejos y jóvenes, demostraron que es posible un ideal común, una identidad de nación, un acuerdo mínimo sobre aspectos fundamentales que a toda la sociedad interesa, una lucha conjunta que vale el esfuerzo de todos y que además permite formar ciudadanía y generar espacios de convivencia en los que el respeto al otro prevalezca.

Y tiene que dar lugar, además, a nuevos liderazgos despojados de intereses egoístas, a una nueva forma de hacer política, a una variación sustancial en las relaciones de los individuos con el Estado; a la instauración de una cultura de la legalidad que se construya desde los círculos más íntimos, más cercanos, más familiares; desde la cotidianidad, hasta alcanzar los más altos niveles del Estado.

Naturalmente para avanzar en la construcción de esa nueva realidad y que este proceso sea irreversible, es indispensable -en primer lugar- que se profundice y amplíe la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Se ha demostrado que esa lucha sí es posible, pero los recursos humanos y materiales con los que actualmente cuentan las entidades del sector justicia son absolutamente precarios, insuficientes para afrontar una tarea de esa magnitud.

Y podríamos decir que es en el primer aspecto de la contribución que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha hecho al país, ha hecho al Ministerio Público. No es precisamente en rebajar índices de esa impunidad, no es el haber acabado con la corrupción, que esas son tareas que tienen que cumplir exclusivamente las instituciones nacionales. Nuestro mérito ha sido señalar que sí es posible; ahora toca a las autoridades, a la ciudadanía mirar ¿cuáles son las rutas?, ¿cuáles son los mecanismos por los que se deben transitar en este propósito de afectar sensiblemente a la impunidad?.

Hemos insistido que con los recursos que actualmente tiene el Ministerio Público es absolutamente imposible luchar contra la corrupción; es imposible reducir sensiblemente la impunidad porque un Ministerio Público que, de los 340 municipios, sólo tiene presencia en 34, y que tiene una Fiscalía Anticorrupción compuesta por 7 fiscales, para la gran corrupción que existe en el país. Y que en una de las más capaces, eficientes fiscalías de sección, como la de Delitos contra la Vida existe un acumulado de impunidad de tal naturaleza, de tal magnitud que se requerirían 15 años de dedicación exclusiva a lo acumulado para saldar esa gran cantidad de impunidad, y que en esos 15 años, si se cometieran los mismo homicidios de hoy, se habrían registrado entonces para el 2031 otros 90 mil homicidios.

¿Y cómo puede? un Ministerio Público con ese pequeño tamaño cumplir con la gran tarea que tiene en la instauración de la justicia, en dar respuesta a las acciones delictivas, que es un punto esencial en este trabajo por la formación, por la instauración de una cultura de legalidad en el país. ¿Cómo podría asumir el Ministerio Público la investigación de tantos y graves actos de corrupción, en la mayoría de las municipalidades?

En segundo lugar hay que modernizar las instituciones de justicia para garantizar la independencia de jueces y fiscales, por eso nos hemos congratulado: Apoyamos en todo lo posible este esfuerzo que vienen realizando los diversos sectores del país para proponer una reforma constitucional, limitada exclusivamente al sistema de justicia; esfuerzos que luego deben continuar hacia reformas legales necesarias para agilizar y transparentar los procesos y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales.

En tercer lugar se requiere transformar los mecanismos de participación ciudadana, en cuanto se refiere a los partidos políticos y otras formas de expresión de la colectividad, como la creación de veedurías cívicas que ejerzan auditoría social en todos los espacios de la administración pública y en todos los poderes del Estado. Y muy vinculado a todo esto la creación de una nueva ciudadanía con principios democráticos, con valores éticos, solidaria, activa, participativa, que es la tarea directa, es responsabilidad de ustedes la creación de esa nueva ciudadanía.

Nada de esto tendría sentido si el propósito común, la finalidad que aglutine todas estas voluntades, no tuviera como objetivo fundamental lograr una vida digna para todos. La justicia no es un bien en sí mismo, la democracia no es un bien en sí mismo, esa nueva ciudadanía no sería tampoco un bien en sí mismo, si no hay un compromiso, un entusiasmo, una decisión colectiva de luchar por la vida digna, pero una vida digna sin exclusiones, sin condiciones materiales de existencia dignas; ese es el deber, ese es el compromiso de acción y hacia allá deben dirigirse todos nuestros esfuerzos”.

Via: CICIG