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Ministerio Público presenta disculpas a Prensa Libre, Después que Prensa Libre denunciara las presiones que personal del Ministerio Público (MP) ha ejercido sobre periodistas de ese medio durante los últimos meses para obtener información sobre sus fuentes periodísticas, la Fiscal General Thelma Aldana aclaró que las solicitudes planteadas por agentes fiscales se realizaron sin el consentimiento de sus superiores.
En una misiva presentada a la redacción del matutino, la Secretaria General del MP, Mayra Veliz López, señaló que con instrucciones de Thelma Aldana se procedió a revisar los expedientes de investigación donde fueron citados los reporteros y se determinó que dichas diligencias, además de haberse realizado en forma inconsulta con sus respectivas jefaturas, resultan irrelevantes e innecesarias para la investigación que se realiza dentro de los mismos.
Una de las directrices fundamentales de la Fiscal General ha sido la realización de investigaciones objetivas y apegadas a derecho, sobre la base del absoluto respeto de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión del pensamiento, reconociendo la valiosa función de comunicar y de formar la opinión pública de miles de usuarios de los medios de información, añade la carta.
Prensa Libre denunció que durante los últimos meses agentes y auxiliares fiscales han solicitado que reporteros de ese medio respondan cuestionamientos relacionados con las fuentes de información de distintas notas publicadas.
Las autoridades enviaron a la redacción del diario una serie de oficios donde pedían que se establezca cómo o por qué medios una fuente tuvo comunicación con los reporteros, qué tipo de información proporcionó para determinadas noticias o si se ha utilizado información divulgada en redes sociales o por otros medios de comunicación.
La Junta Directiva y la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) mostró su respaldo irrestricto a Prensa Libre y rechazó la pretensión de algunos fiscales de que periodistas de medios de comunicación respondan cuestionamientos relacionados con sus fuentes de información.
La APG señaló que estas exigencias violan la legislación nacional de orden constitucional y leyes ordinarias en varios aspectos, atropellan la normativa internacional referida a la libertad de emisión del pensamiento y de prensa, y es un grave agravio a los periodistas, reporteros y al medio que cumple con su trabajo profesional en el marco legal.
Vía: Cerigua
