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Miles de guatemaltecos llenaron la plaza pública capitalina el 14 de septiembre, en una de las protestas más masivas desde 2015, cuando meses de manifestaciones anticorrupción sostenidas, contribuyeron a forzar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien finalmente fue encarcelado por su participación en una compleja maquinaria de peculado, señala un artículo publicado este lunes por Centro de Investigación del Crimen Organizado (Insight Crime).
La publicación, titulada “Guatemala Élites y Crimen Organizado” señala como el Congreso de la República de Guatemala se echó para atrás en su intento por debilitar los esfuerzos contra la corrupción, luego de protestas generalizadas y una rápida movilización de la corte suprema del país.
La polémica reforma que desató la indignación fue aprobada el 13 de septiembre por el Legislativo; en esencia, esta habría desmantelado las leyes sobre las finanzas de campañas y permitido el pago de multas, en lugar del confinamiento a delincuentes con sentencias inferiores a diez años.
Muchos guatemaltecos percibieron la reforma como un “pacto de impunidad” entre políticos para protegerse de investigaciones, procesos judiciales y sentencia de prisión por financiamiento electoral ilícito, indica el artículo.
Muchos congresistas pidieron disculpas en respuesta a la repulsa generalizada a su votación en las calles y las redes sociales, además de la prensa guatemalteca, funcionarios judiciales y la corte.
El congreso programó una sesión extraordinaria para el 15 de septiembre, en la que se esperaba el retiro de la reforma; la Corte de Constitucionalidad también tomará una decisión definitiva sobre la reforma, en los próximos días.
Fuentes oficiales señalaron a varios medios informativos guatemaltecos que esta era apenas la “punta del iceberg”, la primera de una serie de reformas legislativas planeadas para “legalizar la corrupción” con el fin de debilitar al sistema de justicia y devolver favores políticos.
En su análisis, Insight Crime subraya que los políticos no habían sido disuadidos por la fuerte presión internacional, pero finalmente parecen haberse extralimitado; lo que inclinó la balanza despertando la ira de la ciudadanía y los dejó arrinconados.
Para la entidad, el congreso buscaba que la reforma fuera una prueba determinante de la opinión pública, antes de introducir otras medidas con objetivos similares; la indignación general contra el “pacto de impunidad” les dio una respuesta clara.
Aunque la reforma misma puede parecer insignificante en medio del caos político que envuelve a Guatemala, parece la gota que rebalsó la copa en términos de la indignación general luego de otras recientes controversias, como el fallido intento de Morales por expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y una votación en el congreso que protegía la inmunidad de Morales frente a procesos judiciales.
Ahora la población, los funcionarios de la rama judicial y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala parecen haberse unido para proteger las iniciativas anticorrupción, es posible que los políticos tengan poco espacio para colarse con leyes para su beneficio y remover impúdicamente a sus adversarios, concluye Insight Crime.
Vía: Cerigua
