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Gobierno analizará continuidad el contrato con Terminal de Contenedores Quetzal #CasoTCQ, El Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, anunció que el gobierno analizará las acciones legales para determinar la continuidad del contrato con la compañía Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el cual se suscribió de una manera anómala durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
El funcionario aseguró que el panorama es favorable para el gobierno, pero debe procederse cuidadosamente, pues no cumplir con los procedimientos jurídicos y los pasos correctos puede generar contingencias que eventualmente originen contrademandas o que el proyecto se paralice.
Las acciones a seguir serán analizadas conjuntamente con la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, quien el pasado lunes solicitó al Presidente Jimmy Morales que rescinda el contrato.
Aunque el acuerdo con la compañía española se concretó de una manera fraudulenta, según reveló una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministro de Finanzas consideró que la operación de la terminal de contenedores es importante para la competitividad del país y debe procurarse su protección.
No buscamos de ninguna manera afectar el proceso penal contra las personas involucradas en este supuesto contrato irregular, pero sí actuar en el proceso civil, añadió Estrada; el análisis del contrato podría tardar unas dos semanas y posteriormente sería presentado ante el Gabinete de Gobierno, para que el Presidente Morales tome la decisión de declararlo nulo o no.
La investigación del MP y la CICIG reveló que el contrato con la empresa española se suscribió de una manera anómala, mediante el pago de un soborno millonario, con el que se beneficiaron los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, funcionarios gubernamentales y sindicalistas de la Empresa Portuaria Quetzal.
El Comisionado Iván Velásquez declaró que en este caso Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la nación.
Los ex mandatarios utilizaron los servicios del empresario Jonathan Cheves, propietario de una casa de cambio, para lavar los 4.2 millones de dólares que le correspondían a cada uno; el dinero fue utilizado para comprar una serie de lujos, entre inmuebles y vehículos.
Via: Cerigua
