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El juicio en contra del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, sindicado de ser partícipe en el asesinato de ocho presos en Guatemala, entre 2005 y 2006, dio inicio en la Audiencia Nacional Española, según información publicada en el diario El País.
El ex funcionario guatemalteco, que tiene nacionalidad española desde 2009, se enfrenta a una petición fiscal de 160 años de prisión por los ocho asesinatos.
El diario español recordó que la granja penal de Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, fue escenario de siete de los ocho supuestos asesinatos extrajudiciales; el 25 de septiembre de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército guatemalteco pusieron en marcha el Plan Pavo Real, cuyo objetivo oficial era recuperar la gestión del centro penitenciario, en manos de un autodenominado “Comité de Orden y Disciplina”, un grupo de drogas, la falsificación de documentos y otras actividades delictivas.
En esa ocasión participaron 3 mil agentes apoyados por tanquetas militares; siete de los supuestos líderes del Comité de Orden y Disciplina fueron asesinados a tiros, pese a que se entregaron a las fuerzas policiales sin ofrecer resistencia; algunos de los cadáveres presentaban tres tiros en el pecho; sin embargo, sus camisetas no estaban agujereadas, lo que refuerza, según la fiscalía, la idea de que se urdió un montaje para encubrir los asesinatos extrajudiciales.
Los hechos fueron denunciados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Plan Pavo Real, en el que participaron los principales mandos policiales y penitenciarios junto con el ministro Carlos Vielmann, tenía un “objetivo paralelo y oculto”: matar a los reos que lideraban el Comité.
Sin embargo, Vielmann ha respondido a preguntas del fiscal Pedro Martínez Torrijos, que nunca participó en una actividad que llevara a la creación del Plan Pavo Real; según él, el operativo se formó al amparo de una ley, la de fuerzas combinadas, aprobada por el Congreso guatemalteco.
Vielmann aseguró que esta norma permite coordinar a la Policía y al ejército para dar apoyo al sistema penitenciario en casos de necesidad como motines; “los ministros quedamos fuera del mando por ley”, indicó.
“Jamás iba a permitir que se ocultara cualquier situación indebida que se pudiera dar adentro; tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, he tenido éxito personal y empresarial, tengo una familia integrada, destituí a 1 mil 200 policías, rompimos esquemas de corrupción, mi nombre no lo iba a manchar por matar a siete reclusos”, declaró Vielmann.
La octava muerte se produjo en noviembre de 2015 en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en el municipio de Morales; el recluso Edwin Santacruz, que se había fugado del penal, fue ejecutado sin juicio después de ser capturado en una vivienda en la que se había refugiado.
El asesinato, según la fiscalía española, “se llevó a cabo con pleno conocimiento y consentimiento” de Vielmann; los supuestos asesinos llegaron a poner entre las piernas del cadáver un revólver; previamente habían estrellado contra una pared el coche en cuyo asiento del copiloto el reo recibió un disparo en la nuca.
“Yo no recibí ninguna llamada sobre ese caso, tenga la certeza. Mi trayectoria ha sido con total apego y respeto a la ley, soy el último a quien podían llamar para eso. Lo habría denunciado inmediatamente”, dijo el ex ministro.
Via: Cerigua
