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Autoridades de seguridad y justicia de Guatemala, participaron en la reunión anual de donantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en Nueva York, donde se refirieron a los avances en la lucha contra la corrupción en este país.
La delegación guatemalteca estuvo conformada por los miembros de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, el presidente del Organismo Judicial, Nery Medina; los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales y de Gobernación, Francisco Rivas.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y la directora general del Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP), Nydia Arévalo de Corzantes, además de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La reunión se centró en los avances del fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas del sector justicia y los objetivos trazados en función de la renovación del mandato de la CICIG del 2017-2019.
El presidente Jimmy Morales ha reiterado en diferentes ocasiones el apoyo de su gobierno con este ente de las Naciones Unidas, y prueba de ello es que solicitó la ampliación de su mandato hasta 2019.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha desarticulado desde el 2015 varias estructuras criminales, entre ellas la denominada como “La Línea” que tiene en prisión y procesado por corrupción al ex presidente Otto Pérez Molina y a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.
La CICIG es una instancia de las Naciones Unidas que fue creada en 2006, siendo un órgano independiente internacional que tiene como objetivo apoyar a las instituciones de justicia en Guatemala en las investigaciones de delitos cometidos por integrantes de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos.
Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 12 de diciembre de 2006, el cual fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.
Su finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como su desmantelamiento.
Via: Cerigua
