Arnoldo Medrano irá a juicio por cobro ilegal del IUSI, El Juzgado Séptimo de Instancia Penal resolvió enviar a juicio al ex alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por delegar el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) a una compañía privada, la cual era representada por la esposa de su hijo.

Por este caso, la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público (MP) sindica a Arnoldo Medrano por los delitos de abuso de autoridad y concusión; el ex funcionario se encuentra ligado a proceso también por el caso conocido como “Vivienda Digna”, por el fraude en la construcción de unas 200 casas.
La investigación contra Arnoldo Medrano en el caso del cobro del IUSI inició en 2013, cuando la Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso una denuncia en su contra, debido a que el ex alcalde contrató a la empresa Grupo Dinámica Constructiva S.A, la cual fue designada para administrar y recaudar el impuesto.
De acuerdo con las pesquisas, Medrano violó la Ley del IUSI y la Constitución Política, debido a que las municipalidades son las obligadas a declarar este impuesto.
El ente investigador determinó además que el contrato firmando en 2010 con la empresa establecía que el 15 por ciento de lo recaudado correspondería a Grupo Dinámica Constructiva, por un lapso de 25 años; entre enero del 2011 y agosto del siguiente año se estima que la compañía recogió cerca de 2 millones de quetzales.
Este es el segundo proceso que enfrenta Arnoldo Medrano luego del caso “Vivienda Digna”, en el que se le acusa de abuso de autoridad, peculado por sustracción y asociación ilícita, debido al fraude en un proyecto habitacional de 10 millones de quetzales.
El proyecto consistía en la construcción de 200 viviendas con cimentación, levantado de muros reforzados, piso, ventanas, puertas y techo, sin embargo, la comuna sin ningún tipo de aviso efectuó cambio de nombre al plan a “Techo Mínimo”, con lo que modificó también las especificaciones que finalmente fueron la construcción de un techo mínimo tipo galera para 899 casas.
Las pesquisas determinaron que el proyecto fue planteado como un proceso de cotización y no como uno de licitación, como establece la Ley de Contrataciones del Estado para los planes superiores a los 90 mil quetzales.
Via: Cerigua