Durante las últimas dos décadas las radios comunitarias no solo han tenido que afrontar la negativa al reconocimiento oficial por parte del Estado, sino también la persecución y criminalización de las autoridades judiciales, que empleando diferentes argumentos legales han clausurado estos medios de comunicación y perseguido penalmente a los encargados, hasta el punto de obligarlos a reconocer supuestos delitos.
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