A prisión preventiva fueron enviadas 10 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal que operó como una red político-económica ilícita y que aprovechó una serie de relaciones políticas en el poder local para defraudar las finanzas de la municipalidad de Chicamán, Quiché.
El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, después de varios días de celebrarse la audiencia de primera declaración lograron con base a medios de prueba que el Juzgado C de Mayor Riesgo ligara a proceso penal a 14 personas, a 10 de ella se les dictó prisión preventiva
Se trata de Emilene Mazariegos, Ana Patricia Mazariegos Sanchez, Fernando José Siliezar Mena, Erick Antonio Siliezar Mena, Ángel Francisco García Javier, Osman Noel Gamarro Alvarado, Joaquín Romeo Gamarro Alvarado, Roberto Candelario Gamarro Alvarado, Axel Reginaldo Gamarro Alvarado y Walter Noel Gamarro Girón
Asimismo, el Juzgado C de Mayor Riesgo en su resolución dictó medidas sustitutivas a favor de los sindicados en este caso: Raúl Stuardo Mazariegos Sánchez, Luis Rodolfo García Segovia, Sergio Guillermo Enríquez Garzaro y Víctor Hugo Enríquez Morales. El Juzgador determino arresto domiciliario, firmar el libro cada 15 días en el Ministerio Público, arraigo y en contra de los dos últimos caución económica de Q190 mil.
La investigación
La investigación demostró que alrededor de Q14 millones fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio de la comunidad de Chicamán. Los fondos provenientes de la municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de personas como Emilenne Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, así como familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros.
Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una ONG que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos.
Vía: MP