La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, presentaron hoy en conferencia de prensa detalles de una investigación sobre “Financiamiento Electoral Ilícito, Campaña Política 2015” que involucra a dos partidos políticos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (LIDER) y que conllevó a solicitar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos solicitudes de antejuicio en contra de integrantes de ambas agrupaciones.
Primer caso
Según explicó la Fiscal General, se trata de una investigación inicia luego de una denuncia de carácter presentada por el Tribunal Supremo Electoral al Ministerio Público El 10 de enero de 2016 el TSE interpuso una denuncia penal en contra del partido político Líder derivada del examen de auditoría que comprendió el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 por incumplimiento de aspectos legales que podrían ser considerados como delitos. La misma fue cursada a la Fiscalía contra Delitos Electorales.
“En el marco de trabajo entre el Ministerio Público y la CICIG, se informó a la fiscalía de delitos electorales sobre hallazgos detectados en el desarrollo de la investigación que se sigue en contra el ex ministro de comunicaciones, Jorge Alejandro Sinibaldi y otras personas los cuales estarían vinculados a delitos de financiamiento electoral ilícito. La investigación se realizó en dos vías, por un lado, las anomalías reportadas por el Tribunal Supremo Electoral derivadas de las auditorías practicadas al partido Líder y los hallazgos realizados por la CICIG”, indicó la Fiscal General.
Hallazgos
Los hallazgos de la auditoría practicada por el TS al partido Lider en el año 2015 se refieren:
El partido tuvo gastos de campaña electoral de por lo menos Q.71,633,650.12 y gastos de propaganda anticipada estimados en Q. 12, 206, 546.61, para un total de gasto de Q. 83,840,196.76, con lo que sobrepasó el techo de campaña establecido por el TSE para este partido en la suma de Q 52,406,662.73.
Se determinó la existencia de contribuciones anónimas y no registradas en los libros contables del partido por un valor de 21, 777,227.72.
Se conocieron ingresos de financiamiento privado sin documentos de respaldo legítimo (relativos al origen de los fondos), en cuantías superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, consignados en la cuenta bancaria de la organización política en el Banco G&T, de dónde se emitieron, entre otros, tres cheques por concepto de transmisión de spots de publicidad televisiva por un monto de Q. 1,339,481.
Fue detectada la existencia de intereses bancarios acreditados sin la suficiente documentación de soporte. También fueron identificadas aportaciones monetarias realizadas por simpatizantes las cuales en varios casos sobrepasaban los $10,000.00 desconociendo el origen de dichos recursos.
se reportó que no existe documentación de soporte de los ingresos no dinerarios por parte de LIDER, que recibió la cantidad de Q.223,625.00 provenientes de simpatizantes y afiliados. De estas aportaciones se indica que Q.23,625.00 fue donado por concepto de publicidad transmitida por cable y la cantidad de Q.200,000.00 que fue donada por afiliados en cantidades de cinco mil quetzales los cuales carecen de la documentación de soporte.
Segundo caso
En otra investigación, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- Iván Velásquez, explicó que la participación del partido político Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-, a partir de la recolección de información sobre financiamiento electoral ilícito entre el 1 de enero del año 2015 al 9 de enero de 2016, el referido partido incumplió con sus obligaciones de reportar al TSE aportes dinerarios destinados al pago de transporte aéreo, prestado por la empresa HELICÓPTEROS DE GUATEMALA S.A.
Los servicios aéreos fueron prestados a distintos candidatos, entre ellos Francisco Echeverría, Sandra Julieta Torres Casanova, Carlos Barreda, Mario Vicente López Rodas y Orlando Joaquín Blanco Lapola, por la suma de dos Q 2,216,850.00.
“La UNE reportó Q 1,652,484.65 como “aportes no dinerarios” de BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A para transporte aéreo. A raíz de la información, el MP solicitó a la SAT una auditoría para las entidades que aparecían en la contratación de vuelos para la UNE”, explicó Velásquez.
E Comisionado agregó que el Ministerio Público le solicitó a la SAT una auditoria para las entidades que aparecían en la contratación de vuelos para la UNE. La entidad atendió la solicitud.
Hallazgos
La SAT y practicó tres auditorías 3 auditorías entre el 22 de febrero de 2016 y el 4 de agosto de 2017 a las entidades HELICÓPTEROS DE GUATEMALA S.A., BIENNO, S.A. y MAARIV, A.
La empresa HELICÓPTEROS DE GUATEMALA S.A. facturó a la entidad BIENNO S.A., por concepto de horas de vuelo para la UNE la cantidad de Q 1,332,875.05. Al indagar con la empresa, esta señaló que los vuelos no habían sido pagados por ellos y que por esa razón habían devuelto las facturas cambiarias (las cuales corresponden a los números 15393, 15417, 15418 y 15419).
Las facturas fueron devueltas a la entidad emisora mediante nota de fecha 27 de noviembre de 2015, por haber sido emitidas sin autorización o consentimiento de BIENNO S.A., en consecuencia, no fueron pagados por esa empresa.
MAARIV SA indicó no haber mantenido relación comercial con HELICÓPTEROS DE GUATEMALA S.A., empresa que le habría emitido facturas por horas de vuelo por un monto de Q 583,730.71. En otros términos, MAARIV no efectuó tales pagos como reportó la UNE en su informe.
SAT estableció que MAARIV S.A. no realizó ninguna operación comercial ni emitió facturas en el período referido comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.
Lo anterior pone en duda el origen de los aportes dinerarios registrados por el partido UNE entre el 14 de mayo y el 15 de octubre de 2015, en el anexo I-1 “Aportaciones dinerarias por afiliados y simpatizantes”, en los cuales se registraron un total de ingresos supuestamente originados en esta empresa, en cuantía de Q 2,062,226.00, que no habría tenido como sufragar ante la virtual ausencia de actividad económica.
Solicitudes de antejuicio
Las solicitudes de antejuicio fueron presentadas en contra del entonces Secretario General del Partido Líder y actual diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro y el diputado Orlando Joaquín Blanco Lapola del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien en ese entonces fungió como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido.
Vía: MP y CICIG