La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) revelaron hoy cómo operó una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que se benefició con el cobro de comisiones ilícitas alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal. En dicha estructura participaron varios exjefes de esa institución en complicidad con funcionarios y particulares.
En conferencia de Prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez, la Fiscal General, Thelma Aldana y el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, proporcionaron detalles de la investigación, de los operativos realizados en la capital, así como de las dos solicitudes de antejuicios contra el diputado Felipe Alejos Lorenzana y el juez Adrián Rodríguez Arana, vinculados con dicha estructura.
El caso
En abril del 2015, la CICIG y el MP presentaron el caso «la línea». La investigación develó la existencia de una organización criminal conformada, entre otros, por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Una de las líneas de investigación derivada de este caso fue el cobro de comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación rápida de expedientes de crédito fiscal en la que se coludían funcionarios de la SAT con personas particulares.
Al ahondar en las investigaciones se presentó en febrero del 2016 un caso vinculado con el cobro de comisiones ilícitas, denominado Impunidad y Defraudación en la SAT, en el cual se relacionaban entidades como Aceros de Guatemala y la compañía Tres Puertos.
En las diligencias de investigación de los casos antes mencionados, se utilizaron métodos especiales de investigación y se realizó una serie de allanamientos en los que se incautó importante documentación física y electrónica.
El análisis criminal y financiero de los documentos y la información suministrada por los bancos del sistema, estableció que la estructura vinculada al cobro por agilizar la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal, era de mayores dimensiones e incluía a otros actores externos, como captadores de clientes.
Forma de operar para la tramitación de los expedientes ante la SAT
En el esquema resulta clave el papel de Geovani Marroquín Navas, como enlace entre los funcionarios de la SAT e intermediarios y/o personeros de los contribuyentes, pues fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden cronológico de los expedientes de devolución de crédito fiscal.
Geovani Marroquín Navas tramitaba de forma “eficiente” el proceso a través de negociaciones y comisiones ofrecidas a funcionarios de la SAT. Al usar el término “eficiente” se refiere al tiempo corto que se utilizó para agilizar de forma irregular los procesos, contraviniendo la normativa interna y haciendo uso de sus influencias.
La presente investigación indica que se agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes identificados, ingresados a la SAT durante los años 2011, 2013 y 2014.
Los clientes que solicitaban ese trámite «eficiente» fueron como mínimo 9 empresas: ACEROS DE GUATEMALA, S.A., INDUSTRIA DE TUBOS Y PERFILES, S.A, MAYA QUETZAL, S.A., MAG ALCOHOLES, S.A., INGENIO MAGDALENA, S.A., PRODUCTOS Y SERVICIOS AZUCAREROS, S.A., PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS INDUSTRIALES, REFORESTADORA DE PALMAS DE EL PETEN, S.A., INGENIO PALO GORDO, S.A.
Estructura operativa que realizaba cobros por agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal en la SAT
La investigación estableció que el sindicado Geovanni Marroquín Navas en complicidad con los funcionarios de la SAT, Álvaro Omar Franco Chacón, Carlos Enrique Muñoz Roldán, Alfonzo Romeo Castillo Castro, Ariel de Jesús Guerra Castillo, ofrecía servicios de agilización de expedientes para la devolución del crédito fiscal, por lo cual cobraban comisiones de hasta el 11.5% del valor pagado por el Banco de Guatemala. Mientras que Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Mario Roberto Leal Castillo y Felipe Alejos Lorenzana, captaban los clientes y participaban de las comisiones.
Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Geovanni Marroquín, a través de diversas empresas, suscribía contratos de obra civil que no se ejecutaban, para justificar las comisiones y organizaba para su padre, cuadros indicativos de los créditos fiscales y el reparto de comisiones, por lo que también recibía un porcentaje.
Rigoberto Chacaj trabajaba para Alfredo Muñoz Ledo Carrillo en la empresa tres puertos, asesorando los casos que éste agenciaba. Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex Superintendente de la SAT, llevaba sus propios casos en colaboración con Geovani Marroquín y recibía comisiones. José Raúl Cardona Alfaro y Cristian René Álvarez Vega, servían de puente entre Marroquín Navas y Pablo Muñoz para el pago de las respectivas comisiones.
Por estos hechos, el MP y la CICIG realizaron las siguientes acciones:
Las capturas:
- Jorge Mario Morán Sosa- Asociación ilícita y cohecho activo.
- Marlon Estuardo Marroquín Silva. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Christian René Álvarez Vega. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Luis Fernando Leal Toledo. Cohecho activo.
- Inngmar Walrero Iten Rodríguez. Cohecho activo.
- Rudy Waldemar Villeda Vanegas. Enriquecimiento ilícito.
- Jorge Luis Monterroso Toledo. Cohecho activo.
Presentación de dos antejuicios:
- Felipe Alejos Lorenzana, diputado y vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. Posible comisión de los delitos: Asociación ilícita y cohecho activo. Se le señala de integrar la estructura criminal, con el rol de captar clientes como Ingenio Palogordo S.A., y Z-Gas S.A.
- Adrián Rolando Rodríguez Arana, juez Séptimo de Instancia Penal. Posible comisión de los delitos de prevaricato y denegación de justicia. Se le señala de ordenar el archivo sin fundamento legal, de tres causas penales por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria, de la entidad Aceros de Guatemala. Obstrucción de justicia, porque una vez revocada la decisión de archivar los expedientes, presionó al MP para que desestimara esas mismas causas.
Las capturas:
- Jorge Mario Morán Sosa- Asociación ilícita y cohecho activo.
- Marlon Estuardo Marroquín Silva. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Christian René Álvarez Vega. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Luis Fernando Leal Toledo. Cohecho activo.
- Inngmar Walrero Iten Rodríguez. Cohecho activo.
- Rudy Waldemar Villeda Vanegas. Enriquecimiento ilícito.
- Jorge Luis Monterroso Toledo. Cohecho activo.
Con orden de captura:
- Álvaro Orlando Soria Ortiz. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Ardany Ernesto Caal Caal. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Pablo Gerardo Muñoz Morales. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
- Mario Roberto Leal Castillo. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
- Mario Roberto Lael Pivarál. Cohecho activo.
- Jorge Estuardo Moreno de León. Cohecho activo.
- Hugo Alberto Molina Botrán. Cohecho activo.
- Juan Milton Molina Botrán. Cohecho activo.
- Carlos Enrique Arévalo García. cohecho activo y defraudación tributaria.
- Luis Alberto Paz Masek. cohecho activo.
- Jorge Raúl Cardona Alfaro. lavado de dinero.
Serán citados a primera declaración. (En prisión preventiva por otros procesos penales).
- Álvaro Omar Franco Chacón. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Alfonzo Romeo Castillo Castro. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Ariel de Jesús Guerra Castillo. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Geovani Marroquín Navas. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Rigoberto Chacaj Soc. Asociación ilícita y cohecho activo.
- María Eugenia Valdez Gómez. Asociación ilícita y cohecho activo.
La CICIG junto al Ministerio Público continuarán trabajando coordinadamente en la búsqueda de la reducción de la impunidad de las redes de corrupción incrustadas en el Estado guatemalteco.
Vía: CICIG