El Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, aseguró que se construirán y remodelarán cinco centros de privación de libertad para hombres y mujeres en dos departamentos, con lo cual se busca reducir el hacinamiento y la sobrepoblación en las prisiones.
Los centros estarán ubicados en los municipios de Villa Nueva y Fraijanes, así como en el departamento de El Progreso; Rivas indicó que se tiene planeado construir una prisión para mujeres acompañadas y mujeres de la tercera edad en Villa Nueva, proyecto que cuenta con la última licencia de construcción.
Desde que el gobierno anunció la construcción de este centro, vecinos del municipio han manifestado su rechazo a éste debido a la peligrosidad que significaría para la población la instalación de una cárcel.
El funcionario indicó que se tiene previsto concluir la obra en el área del Centro de Orientación Femenina (COF), ubicada en Fraijanes, para mujeres condenadas, que se encuentra en su fase final y cuenta con el apoyo de la Unión Europea (EU).
En el caso de la prisión que edificará en El Progreso, el proyecto se encuentra en fase de estudios y en el trámite de licencias; este centro será habilitado para población masculina.
Francisco Rivas dijo que actualmente se realizan trabajos en el centro Fraijanes II, el cual fue destruido hace varios años por los reclusos, para rehabilitarlo y reducir el hacinamiento en las prisiones.
La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) informó que actualmente existen 22 mil 640 personas privadas de libertad, de las cuales 20 mil 368 son hombres y 2 mil 272 son mujeres; más de la mitad de esta población se encuentra en prisión preventiva.
La cartera del interior destacó que para reducir la sobrepoblación en las cárceles se proyecta también la adquisición de brazaletes electrónicos para el control telemático de quienes puedan optar por arresto domiciliario.
El control telemático tiene como objetivo implementar un medio alternativo a la prisión y la localización permanente del recluso o sentenciado, para garantizar la medida no privativa de su libertad.
Para optar a este beneficio, el tribunal deberá decidir qué reos son aptos para utilizar este dispositivo, debido a que esto dependerá del tipo de delitos que hayan cometido; el dispositivo será financiado por el reo, realizándose previamente un estudio socioeconómico y cuando se compruebe que el recluso no tiene la capacidad económica para costearlo, Gobernación será el encargado de cubrir el costo.
Vía: Cerigua