El Comisionado Iván Velásquez presentó este martes el décimo informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el que destacó la importancia de realizar reformas para evitar que estructurales criminales influencie en la elección del Fiscal General y magistrado del Organismo Judicial.
Iván Velásquez aseguró que existen sectores que continúan sin comprender que uno de las atribuciones de la Comisión es recomendar a Guatemala la adopción de políticas públicas, reformas jurídicas e institucionales para la erradicación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS); este punto ha generado malos entendidos sobre el mandato de la institución, señaló.
En este sentido, el Comisionado recordó que la recomendación de reformas conllevó un gran esfuerzo del organismo del 2007 al 2009, lo que resultó con la aprobación de modificaciones a la Ley Contra el Crimen Organizado, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y la creación de los juzgados de mayor riesgo y las figuras del colaborador eficaz y el testigo protegido.
Este esfuerzo permitió también la creación de métodos especiales de investigación, así como de la Unidad de Análisis de Métodos Especiales de Investigación y la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP), las cuales aseguró el Comisionado constituyen en centro neurológico de procesamiento de información, fortalecimiento de expedientes y generación de insumos para la toma de decisión estratégicas.
Velásquez enfatizó que las antiguas reformas dirigidas a generar un marco normativo más robusto deben fortalecerse para erradicar definitivamente las estructuras criminales e impedir la posibilidad de que reaparezcan.
La erradicación de los CIACS y las garantías de no reaparición no podrán lograrse efectivamente si los procesos de selección de magistrados de las altas cortes y sala de apelaciones, y otros funcionarios como el Fiscal General o en Contralor General de Cuentas son susceptibles a verse afectados, influenciados o determinados por la acción directa o indirecta de redes político-económicas que han cooptado al Estado y avanzan en camino de reconfigurar su poder, advirtió.
Dijo además que el mandato de la CICIG es mucho más amplio que la coadyuvancia y colaboración en la investigación y persecución penal de estructuras criminales vinculadas con entidades del Estado y otros sectores.
El Comisionado declaró que las actuaciones del organismo no implican una lesión de la soberanía, en tanto la CICIGno es una entidad que haya sustituido a las autoridades nacionales ni un poder supranacional que se la haya impuesto al país, pues surgió por petición de Guatemala y la ciudadanía.
La Comisión además carece de órganos de coerción, no tiene la titularidad de la acción penal y aunque colabora con el MP, depende enteramente de él, debido a que no pueda ejercer la acción penal, ni solicitar ordenes de captura u autorizaciones para interceptar teléfonos y realizar allanamientos.
Vía: Cerigua