El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informó que de las 40 adolescentes fallecidas producto del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido el 8 de marzo pasado, 20 murieron por asfixia, 17 por quemaduras térmicas, dos por Sepsis y una por intoxicación por exposición de gases.
Jorge Cabrera, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), dijo que este lunes esperan finalizar las pruebas de toxicología relacionadas con las víctimas, que tenían entre 13 y 17 años; también se conoció que de 4 adolescentes que permanecían internadas en el Hospital Roosevelt, dos fueron dadas de alta.
La bancada de Encuentro por Guatemala presentó este viernes una denuncia en contra de Annabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por incumplimiento de deberes, aduciendo que no denunció al juez que debía asistir a atender la evaluación de las menores en el Hogar Seguro, que al día siguiente murieron en un incendio que cobró la vida de al menos 40 niñas y adolescentes.
A decir de Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala (EG), la procuradora falló en garantizar el correcto abrigo que debía proveerles el Estado a las niñas y que en las denuncias presentadas ni ha solicitado adherirse como tercera interesada.
Montenegro destacó que la denuncia podría ampliarse hasta alcanzar a personal del Organismo Judicial (OJ), de la Comisión Nacional de Adopciones (CNA) y del mismo personal de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes estuvieron presentes al momento del siniestro y no hicieron nada para detener la tragedia.
En el Hogar Seguro Virgen de la Asunción se encontraban hasta el 8 de marzo alrededor de 700 personas menores de 18 años de edad, aun cuando la capacidad instalada era para 400 personas; las niñas, niños y adolescentes se albergaban en diferentes pabellones: niñas y niños en circunstancias de abandono, niñas y niños con discapacidad, adolescentes embarazadas y adolescentes que habían cumplido su sanción en procesos de conflicto con la ley y en espera de un recurso familiar.
Desde 2010 existían denuncias de violencia sexual y de una posible red de trata de personas en el Hogar Seguro; debido a las constantes fugas y a la mala calidad de la alimentación, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala había solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde noviembre de ese año, pero las mismas no se habían atendido.
Este caso ha consternado a la comunidad internacional, ha concitado la solidaridad con las familias de las víctimas y continúan los señalamientos contra el Estado a quién se considera el responsable de la terrible tragedia ocurrida en un lugar que supuestamente debería dar abrigo y seguridad a menores vulnerables.
El gobierno creó un comité de crisis integrado con funcionarios de alto nivel y anunció el cierre definitivo del lugar la próxima semana.
Via: Cerigua