En los últimos años Guatemala alcanzó importantes sentencias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, como el caso Sepur Zarco por violencia sexual y esclavitud en contra de mujeres indígenas o la Masacre de Las Dos Erres en Petén, ocurrida en diciembre de 1982, sin embargo se considera que el Estado no ha tomado las acciones suficientes para investigar, juzgar y sancionar una mayor cantidad de estos crímenes, que en su mayoría fueron cometidos por elementos del ejército o agentes estatales.
Los casos de sentencias condenatorias por violaciones a derechos humanos registrados durante el conflicto son muy sonados, pero son muy pocos en comparación con los miles de casos documentados en el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) y por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, aseguró Mynor Alvarado, abogado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien ha acompañado estos procesos durante años.
Alvarado consideró que en Guatemala no existe una justicia transicional y ve difícil que los órganos de justicia puedan cubrir todos la totalidad de crímenes ocurridos, sin embargo, dijo que es necesario abordar todos los casos que se puedan como una garantía de no repetición.
El entrevistado destacó que los procesos que han alcanzado la justicia conllevan un enorme esfuerzo de décadas de los familiares, las víctimas y las organizaciones sociales que los apoyan; asimismo, el activista enfatizó que en todos los casos de esta naturaleza existen obstáculos, sea por lo complicado de las investigaciones o por la injerencia de actores involucrados y que mantienen cierto poder.
Si no existe juzgamiento ni sanciones, corremos el riesgo que en un futuro por la situación tan complicada de Guatemala podamos incurrir de nuevo en situaciones graves que puedan poner en riesgo los derechos fundamentales, señaló Alvarado.
El abogado destacó que uno de los procesos que pronto llegará a la fase de debate oral y público es el conocido como “CREOMPAZ”, en el que ocho militares en situación de retiro son acusados por delitos contra la humanidad y desaparición forzada.
El Ministerio Público (MP) indicó que estos hechos se cometieron entre 1981 y 1988 en la Zona Militar No. 21 ubicada en Cobán, Alta Verapaz, donde actualmente funciona un centro de enteramiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas; en el sitio se encontraron 625 osamentas con señales de tortura y ejecución extrajudicial, recordó Alvarado.
Además, se espera una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso conocido como “Xamán”, la última masacre cometida por el ejército el 12 de octubre de 1995 en la finca Xamán, municipio de Chisec, Alta Verapaz; en este hecho fallecieron 11 personas y algunos responsables del crimen permanecen prófugos.
En el caso de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, Alvarado declaró que éstas afectan al Guatemala, sin embargo es responsabilidad del propio Estado por no atender a las víctimas de estas violaciones, por lo cual se hace necesario asistir a los órganos internacionales.
Alvarado se refirió también a las constantes críticas en contra de estos procesos, porque aparentemente estos casos son una “venganza” en contra de los mandos del ejército o porque únicamente se persigue a elementos de las fuerzas castrenses y no a miembros de la extinta guerrilla.
En este sentido, afirmó que los procesos conocidos en tribunales los ha mantenido la esperanza y el amo de los familiares de las víctimas, quienes han impulsado estos casos y luchado contra el sistema para obtener justicia.
El abogado enfatizó que de 100 violaciones a derechos humanos registradas durante el conflicto, 90 fueron cometidas por elementos del ejército y el resto por la guerrilla, grupos paramilitares y miembros de autodefensa civiles.
Recordó además que en las sentencias por crímenes durante el conflicto existe una en la que estuvo involucrada la guerrilla, hecho conocido como la “masacre del Aguacate”, ocurrida en 1988 en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, por la cual fue condenado un ex comandante guerrillero; este caso fue apoyado por el GAM.
Siempre decimos, nosotros no somos guerrilleros, no somos parcializados, no llevamos ningún caso de una persona que haya muerto en un enfrentamiento armado, estos son producto de la guerra; pero los crímenes contra civiles, contra personas desarmadas, sin importar que bando sea, deben ser investigados, sin importar quién perpetró las graves violaciones a los derechos humanos, enfatizó el activista.
Alvarado añadió que los familiares, miembros u oficiales en situación de retiro del ejército que conozcan un delito tienen la obligación de acudir a la fiscalía, presentar sus denuncias e impulsar sus casos, como lo han hecho familiares de víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado.
En este sentido, recordó que el MP creó una unidad dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar los delitos cometidos por la guerrerilla, cuyas oficinas se encuentran en Gerona y a la cual las personas interesadas y que conocen violaciones en las que incurrieron facciones guerrilleras pueden avocarse a denunciar.
Ley de búsqueda de desaparecidos
El GAM, como parte de las organizaciones Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada en Guatemala, desde hace más de diez años ha impulsado la creación de una Comisión de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición.
La iniciativa para crear esta comisión, con número de iniciativa 3590, fue presentada al Congreso de la República en 2006, pero fue hasta el año pasado que los congresistas decidieron aprobarla en su segunda lectura, no obstante, el tema continúa estancado.
Con la aprobación de esta norma, se busca que el Estado realice una investigación exhaustiva con todas las calidades técnicas, científicas y rigurosas para establecer el paradero de las personas desaparecidas; al concluir la investigación, la Comisión de Búsqueda entregará a la familia un informe en el que se indique el paradero de su pariente o en caso contrario, aclarar que después de todo el proceso fue imposible determinar su ubicación y por consiguiente, lo más probable es que esté muerto.
Ante la negativa de de aprobar esta iniciativa, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada buscan que este año durante el Examen Periódico Universal (EPU) que pasará Guatemala el próximo 8 de noviembre, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le recomienden a Guatemala la implementación de esta ley.
Vía: Cerigua