El Gobierno de Guatemala lanzará en los próximos meses la Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción como parte de los esfuerzos implementados en toda la estructura gubernamental por instrucción del presidente Jimmy Morales.
El anuncio fue hecho por el propio mandatario durante su discurso con motivo de la presentación del segundo informe de Gobierno, el domingo.
El jefe de Gobierno indicó que este nuevo instrumento que promueve su administración, como parte de esta “prioridad presidencial”, pondrá énfasis en la transparencia fiscal, libre acceso a la información pública y rendición de cuentas.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo este día a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), que hay una “diferenciación grande” en el país en la práctica de corrupción gubernamental, en cuanto a la situación actual y la que existía en las últimas administraciones, la cual “no hemos admitido”.
Heinz Hiemann, portavoz del Presidente, dijo que el Gobierno mantiene firme su compromiso de avanzar en el eje que representan los esfuerzos por la transparencia y lucha contra la corrupción, como parte del primer eje de la Política General de Gobierno. También destacó que todos los miembros del Gabinete actúan en función de una instrucción presidencial.
Heinz Hiemann explicó que “apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad desde cada uno de sus ministerios, trabajando con un gobierno transparente”, es la instrucción del mandatario desde el inicio de su mandato.
En su informe del segundo año de Gobierno, el presidente Morales, además de destacar la “asignación puntual” de los fondos requeridos y asignados por las instituciones de justicia, señaló que también se implementaron acciones a lo interno del aparato gubernamental, con el fin de prevenir los flagelos.
“Dentro de la administración pública se crearon unidades de transparencia para prevenir e identificar las malas prácticas administrativas o el mal manejo de los recursos del Estado”, expuso.
“Ahora –hizo ver- cada anomalía detectada, es denunciada ante el Ministerio Público para que se investigue como debe ser, es decir, de manera objetiva, imparcial y al margen de toda politización de la justicia”.
Esto porque –consideró- “una justicia que no es imparcial, erosiona los valores democráticos de una sociedad, vulnerando la institucionalidad y el Estado de Derecho”.
Vía: AGN