Estados Unidos señala corrupción institucional generalizada en Guatemala, La corrupción institucional generalizada es la principal violación a derechos humanos para Guatemala, especialmente por la relación de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) e integrantes del ejército en graves delitos como el secuestro, el tráfico de narcóticos, la trata de personas y la extorsión, alertó el Departamento de Estados de los Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos.
El informe identificó una serie de problemáticas en materia de derechos humanos, como el fracaso del sistema judicial para realizar investigaciones exhaustivas y oportunas, así como juicios justos; el desplazamiento interno de la población debido a la delincuencia; el acoso sexual y la discriminación contra la mujer; el abuso infantil, incluida la explotación sexual; la marginación de las comunidades indígenas y la falta de mecanismos eficientes para resolver el problema de tierras, así como la discriminación por la orientación sexual e identidad de género.
El Departamento de Estado destacó que el gobierno guatemalteco cooperó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y tomó pasos importantes para juzgar a funcionarios que cometieron abusos, sin embargo la impunidad y las investigaciones deficientes complicaron la persecución de los crímenes.
En el caso de las fuerzas de seguridad pública, el documento destaca que las autoridades, en algunos casos, no pudieron mantener el control efectivo de la policía y el gobierno carece de mecanismos eficaces para investigar y castigar el abuso y la corrupción.
Durante el pasado año hubo 31 denuncias por extorsión y 856 por abuso de autoridad, hechos cometidos por agentes de policía; las autoridades de la institución regularmente trasladaban a los oficiales señalados, en lugar de investigar y sancionar los hechos, detalla el documento.
La policía también fue acusada de realizar detenciones arbitrarias cuando se realizan operativos contra bandas criminales en zonas consideradas de alta peligrosidad; aunque no existen datos confiables sobre el número de detenciones ilegales, la mayoría de relatos indican que la policía continúa ignorando los recursos de exhibición personal en este tipo de casos.
En este sentido, el informe del Departamento de Estado detalla que las autoridades regularmente violan el derecho que tiene toda persona de ser presentada ante un juez competente en un lapso no mayor de seis horas, luego de su arresto y en ocasiones ni siquiera informan debidamente sobre las acusaciones que originaron su aprehensión.
Asimismo, denuncia que el sistema judicial ha fallado al no proporcionar juicios justos u oportunos, debido a la corrupción, la falta de personal y la intimidación a jueces, fiscales y testigos; operadores de justicia, demandantes y testigos denunciaron actos de intimidación en su contra, a menudo por parte de organizaciones de tráfico de drogas.
En relación a los defensores de derechos humanos, el informe destaca las denuncias realizadas por oenegés, sindicalistas y defensores de derechos humanos por amenazas, actos violentos e intimidaciones en su contra; las víctimas aseguraron que el gobierno hizo poco para investigar estos hechos o evitar nuevos incidentes.
La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) no investigó la mayoría de las quejas de manera oportuna, mientras que otros casos perdieron fuerza en el sistema judicial.
En el tema de las comunidades indígenas, el Departamento de Estado señaló que en algunas ocasiones las poblaciones indígenas no fueron consultadas de manera adecuada en las decisiones que afectan a sus comunidades sobre la explotación de recursos naturales, como la extracción de minerales o proyectos de energía; esta población carece de mecanismos eficaces para dialogar con el Estado y resolver los conflictos, añadió.
Via: Cerigua