Los diputados guatemaltecos reescribieron el Código Penal de ese país, el miércoles 13 de septiembre, para protegerse a sí mismos y a otros políticos, de la posibilidad de ser condenados a penas de prisión por haber participado en financiamiento electoral ilícito, actos de corrupción y otras actividades delictivas, con lo que se concreta uno de los atropellos más flagrantes al Estado de derecho que se ha visto en los últimos años en la región, señala un comunicado de la organización Human Rights Watch (HRW).
La reforma reduce a 10 años la pena máxima de prisión por financiamiento electoral ilícito, malversación de fondos, soborno y otros delitos; además, dispone que aquellos condenados a una pena de prisión inferior a 10 años podrán solicitar la conmutación de sus penas por una sanción pecuniaria; previamente solo podían conmutarse las penas de presidio inferior a cinco años.
La reforma también elimina la prohibición de postularse a cargos púbicos, luego de que una persona haya sido condenada por financiamiento electoral ilícito; esta reforma, que se aprobó precipitadamente, beneficiaría a decenas de miembros del Congreso que actualmente están siendo investigados o procesados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Para Daniel Wikinson, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch, “resulta evidente que estamos ante un intento por asegurar que legisladores y otras personas bien conectadas puedan eludir la cárcel si se determina que cometieron graves delitos”.
Al eliminar el riesgo de prisión, la reforma en la práctica da carta libre para que los políticos del país actúen en connivencia con el crimen organizado para ganar futuras elecciones y enriquecerse ilegalmente mientras ocupan cargos públicos, anotó.
La organización recuerda que hace dos semanas el presidente Jimmy Morales intentó, sin éxito, bloquear los esfuerzos para combatir la impunidad por la corrupción en Guatemala, disponiendo la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez; ahora, el Congreso está dando un paso incluso más temerario, al distorsionar y debilitar las leyes que aplican la CICIG y el Ministerio Público, para combatir la corrupción y el abuso de poder.
Via: Cerigua