Las autoridades guatemaltecas darán a conocer en 2017 esquemas de corrupción en el gobierno, de la misma magnitud que los que conmocionaron a este país el año pasado, declaró Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante la presentación de su noveno informe oficial.
A decir de Iván Velásquez, confían en que en 2017 se presenten investigaciones de tanta gravedad y profundidad como la de “cooptación del Estado”, formulada por la CICIG y el Ministerio Público en contra del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Los ex mandatarios fueron acusados de establecer una red de empresas fachada que recibieron millones de dólares de contribuciones ilegales a sus campañas por parte de empresas y personas, quienes a cambio recibieron contratos con el Estado y otros favores, una vez ambos llegaron al poder.
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se vieron obligados a renunciar y luego fueron encarcelados por cargos relacionados con un esquema diferente, conocido como “La Línea”, mediante el cual supuestamente recibían parte de los sobornos que los comerciantes pagaban para evadir impuestos de importación; ambos también han sido vinculados a otros escándalos de corrupción descubiertos con ayuda de la CICIG.
El Centro de Investigación del Crimen Organizado (Insight Crime) señaló que si bien Iván Velásquez elogió el trabajo de la CICIG hasta el momento e hizo la audaz promesa de que las futuras investigaciones serán tan impactantes como las que involucraron al ex presidente, también reconoció los retos que enfrenta el trabajo de la comisión actualmente.
La entidad considera que uno de los obstáculos es la continua influencia de lo que Iván Velásquez y otras personas han denominado “poderes ocultos”; “estructuras consolidadas”, según ha dicho, que pueden llegar a relaciones y entendimientos con cada gobierno, con el fin de seguir desviando los fondos públicos para el enriquecimiento privado ilícito mediante esquemas de corrupción.
A decir del comisionado, las investigaciones anteriores han proporcionado datos sobre cómo funcionan estas estructuras y cómo desmantelarlas, pero también señaló que se necesitan reformas para mejorar la eficacia de esos esfuerzos; “No podemos pretender que se obtengan resultados diferentes usando las mismas reglas y haciendo las cosas de la misma manera”, dijo Iván Velásquez.
Además de su continua capacidad para operar de manera clandestina, estas estructuras también pueden llegar a interferir con las investigaciones y juicios en desarrollo mediante amenazas e intimidaciones; por ejemplo, poco después de que el caso de cooptación del Estado se hizo público, la fiscal general Thelma Aldana recibió amenazas de muerte.
Dirigiéndose a los funcionarios judiciales, Iván Velásquez dijo: “Queremos pedirles que contribuyan activamente en el proceso de restauración moral de la República, denunciando a quienes ejercen presiones o incluso intimidan sutilmente. ¡No más miedos! ¡No más silencio! Una nueva ciudadanía los apoya”.
Via: Cerigua