Anulación del contrato entre el Estado y TCQ continúa su curso, El Presidente Jimmy Morales autorizó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) iniciar los trámites para anular el contrato entre el Estado y la compañía española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el cual se habría concretado de una manera anómala mediante el pago de millonarios sobornos a funcionarios del anterior gobierno.
Tenemos que hacerlo de la forma más sabia, para que no se ponga en ningún momento en amenaza el bienestar del Estado de Guatemala; se debe buscar una solución administrativa adecuada, utilizando las leyes nacionales y, por supuesto, amparando todo con las pruebas respectivas, expresó el Mandatario.
Jimmy Morales giró instrucciones a la Procuradora Eugenia Villagrán para que proponga la mejor ruta y el mejor camino que se pueda tomar, contratando a los mejores abogados para defender, por sobre todo, los intereses del país.
Asimismo, el Presidente dijo que solicitó al Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, y al Ministro de Comunicaciones, Aldo Estuardo García, realizar un estudio financiero-económico para conocer las consecuencias de este contrato.
Por este caso, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusan a los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de recibir millonarios sobornos por el contrato con la empresa TCQ, para la construcción de una terminal marítima en la Empresa Portuaria Quetzal; en este acuerdo habrían participado otras diez personas que se encuentran actualmente en prisión y cinco con orden de captura internacional.
Entre los sindicados se encuentran Allan Marroquín, ex interventor de la Portuaria Quetzal; Gustavo Martínez, ex Secretario General de la Presidencia y yerno de Pérez Molina; Juan José Juárez, director de TCQ; así como Lázaro Noé Reyes, miembro del sindicato de la portuaria.
Según las pesquisas, la compañía española se comprometió a pagar 24.5 millones de dólares a los funcionarios y otros operadores para firmar el contrato; de esta cifra, el 60 por ciento correspondería a Pérez Molina y Baldetti.
Los ex gobernantes habrían recibido cada uno 4.2 millones de dólares, los cuales fueron lavados por el empresario Jonathan Chevez y utilizados para la compra de vehículos marítimos y propiedades de lujo para Pérez Molina y Baldetti.
Via: Cerigua