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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han cometido diversos abusos y delitos en contra de centroamericanos y migrantes de otras nacionales que transitan por Guatemala.
El Grupo Articulador de la Sociedad Civil para las Migraciones en Guatemala señaló que integrantes de las fuerzas de seguridad pública han amenazado, robado e incluso extorsionado a los migrantes durante su recorrido por el país; los niños y niñas no acompañados son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir abuso.
Los integrantes del Grupo Articulador indicaron que las víctimas no presentan denuncias por falta de confianza hacia las autoridades; ante esta situación, solicitaron al Ministerio de Gobernación y a la PNC implementar un mecanismo de monitoreo y aplicar sanciones severas a los agentes que cometan abusos contra la población migrante.
Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), aseguró que los derechos de los migrantes son violentados en sus países de origen, durante el tránsito y los países de destino.
Las detenciones y las deportaciones también implican un riesgo para la vulneración de los derechos humanos de los migrantes, pues estos procedimientos se ajustan a las leyes nacionales, pero no siempre a los convenios internacionales, declaró el Procurador.
Rodas añadió que los niños y niñas no acompañados enfrentan graves peligros como la trata de personas, maltrato y explotación, entre otros vejámenes a sus derechos fundamentales.
Asimismo, dijo que la violencia, la pobreza y la ausencia de oportunidades para la construcción y sostenimiento de un proyecto de vida personal, familiar y en la comunidad han provocado un aumento de la migración internacional y de guatemaltecos, especialmente hacia Estados Unidos.
El Procurador instó a que se nombre a la brevedad posible a las autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante (CONAMIGUA), institución que se encuentra acéfala desde marzo pasado, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el nombramiento de la Secretaria Ejecutiva, debido a que existieron vicios en el proceso de elección.
Desde la suspensión del nombramiento de la Secretaria Ejecutiva, señaló Rodas, la entidad paralizó sus funciones, las seis sedes que atienden capacitaciones, apoyo psicológico y gestión social para personas deportadas desaparecieron, mientras que la sede central únicamente es atendida por personal administrativo sin ninguna dirección.
Vía: Cerigua
