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La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) plantearán una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, por utilizar fondos públicos para financiar su campaña y por la autorización de plazas fantasmas en la comuna capitalina.
Esta solicitud es en seguimiento a las investigaciones por la red de corrupción en presidios para el traslado ilegal de reclusos, la cual era liderada por Byron Lima Oliva, reo asesinado en julio del 2016.
Las pesquisas determinaron que la Cooperativa Torre Fuerte, de Byron Lima Oliva, prestó servicios al Partido Unionista, al cual pertenece Álvaro Arzú, los que fueron cancelados con fondos del fideicomiso a la planificación urbana de la comuna capitalina; por este caso fue capturada Luisa María Salas Bedoya, Sindico Primero de la Municipalidad de Guatemala.
Los órganos de investigación indicaron que de acuerdo con las declaraciones de Alejandra Reyes, cónyuge de Lima Oliva, análisis documental de información incautada e intercepciones telefónicas se estableció que la municipalidad fue una de las principales contratistas de la cooperativa.
La Cooperativa Torre Fuerte prestó además servicios a los partidos CREO, VICTORIA, TODOS y GANA, los que fueron pagados con fondos públicos de la municipalidad capitalina.
Alejandra Reyes se constituyó como colaboradora eficaz en este caso y brindó información a las autoridades sobre los negocios de su esposo con la comuna capitalina, incluidas cartas que envío al jefe edil, a quien identificaba como “Señor Oro” en las que le exigía dinero para cubrir gastos; en una de las misivas le pedía 727 mil quetzales para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.
Una persona de nombre Zorayda Herincx era la encargada de solicitar a Lima los artículos para las agrupaciones políticas, como gorras y playeras, que posteriormente eran entregados a través de Alejandra Reyes y Luis Lima Oliva, hermano de Byron Lima.
Para gestionar los pagos, Byron Lima solicitaba las facturas en blanco y posteriormente eran llenadas en la Municipalidad con el concepto de pagos de servicios.
Los pagos por estos servicios se hacían con dinero del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, los cuales eran autorizados por Salas Bedoya, que en ese entonces era directora del Comité Técnico del Fideicomiso.
Además del pago de servicios a partidos políticos con fondos públicos, se señaló que la comuna capitalina aprobó dos plazas fantasmas para Reyes y su madre, Elizabeth Ochoa Reyes, en la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA); ambos puestos fueron aprobados luego de una solicitud que hizo Byron Lima a Álvaro Arzú.
La cónyuge de Lima declaró que la comuna le quitó la plaza en 2013 cuando a Byron Lima lo capturaron fuera de prisión y a su madre se la quitaron cuando a ella la capturaron en 2014, vinculada con el caso de traslado ilegal de reos.
La municipalidad aprobó también una plaza fantasma para Andrea Monzón Ramos de Villanueva, esposa de Obdulio Villanueva, quien formó parte de la seguridad de Álvaro Arzú cuando fue presidente y quien fue asesinado en prisión en 2003; Villanueva fue sentenciado junto a Byron Lima y su padre, Byron Disrael Lima, por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, en abril de 1998.
Durante la conferencia de prensa en la que se informaba sobre el caso, Álvaro Arzú llegó a la sala y se posición en primera fila con una actitud desafiante hacia la Fiscal General Thelma Aldana y el Comisionado Velásquez.
El alcalde aseguró que no tiene miedo que lo despojen de la inmunidad y aseguró que la solicitud de antejuicio es una “factura” por el apoyo que brindó al presidente Jimmy Morales; Álvaro Arzú afirmó que “gracias a él” no se había concretado otro Golpe de Estado.
Vía: Cerigua
