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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) solicitó al Congreso de la República retirar inmediatamente los obstáculos a la investigación y rendición de cuentas del presidente Jimmy Morales por su probable responsabilidad en el delito de financiamiento electoral ilícito.
El organismo exhortó también al mandatario a cesar los esfuerzos para impedir el funcionamiento efectivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El presidente y algunos miembros del Congreso están obstruyendo la justicia al abusar de su autoridad para evitar investigaciones por corrupción y bloquear la importante labor realizada por la Fiscal General, con la asistencia de la CICIG, declaró Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
Zarifi aseguró que Guatemala, con la asistencia de la Comisión, ha sido testigo de importantes avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad en los últimos años, y el Congreso debería asegurarse que esa tendencia continúe.
El jueves 21 de septiembre el Congreso rechazó por segunda ocasión la solicitud de antejuicio promovida contra Morales, debido a que cuando era secretario general de FCN-Nación la agrupación no declaró al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre un financiamiento que recibió para campaña el cual sobrepasaba los 800 mil dólares.
Sin embargo, el voto de los diputados no alcanzó los 105 votos necesarios, dos terceras partes del Congreso, para alcanzar una decisión final, por lo que ésta puede ser reconsiderada.
Además de votar por no despojar de su inmunidad al mandatario, el Congreso aprobó el 13 de septiembre cambios al Código Penal, con los cuales eximía de responsabilidades a los secretarios de los partidos políticos por violaciones a la ley electoral y conmutaba sentencia de condenados por graves delitos como corrupción, trata de personas y abuso sexual.
Los diputados revocaron los cambios dos días después de manifestaciones a nivel nacional y una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC); Zafiri aseguró que la rápida acción de la corte evitó un golpe masivo en la lucha por la rendición de cuentas, pues si la ley hubiera entrado en vigor por una hora, habría proporcionado una base legal para que los políticos condenados por cargos de corrupción exigieran su liberación o conmutación.
La CIJ pidió al gobierno cumplir con sus obligaciones internacionales como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996.
Vía: Cerigua
