Crisis política en Guatemala; exigen depuración del Congreso

Miles de manifestantes, en la capital y los departamentos de Guatemala, mostraron su inconformidad luego de que una mayoría calificada de diputados al Congreso de la República, aprobaran “de emergencia nacional” modificar el Código Penal, para evitar que secretarios de partidos políticos sean enjuiciados por financiamiento ilícito.

Las protestas se intensificaron este 15 de septiembre, cuando al menos 130 parlamentarios fueron retenidos en el Hemiciclo durante casi 18 horas, tras ser convocados por la junta directiva a una sesión extraordinaria, para dar marcha atrás a los dos decretos emitidos que les favorecían.

Según algunos analistas, las manifestaciones del sábado frente al Legislativo recordaron el malestar que mostraron los guatemaltecos en 1993, cuando la presión popular desencadenó en una depuración del Organismo Legislativo.

Sin embargo, expertos consultados refieren dos posibles escenarios: el abogado Mario Fuentes Destarac aseguró que en la Constitución Política de la República, no se tiene previsto la figura del referéndum revocatorio, en el cual los ciudadanos, por medio de votaciones, tienen la posibilidad de anular el mandato de un funcionario popularmente electo.

Para Mario Fuentes Destarac, la vía legal más fácil, aunque poco probable a su consideración, es que los diputados invoquen el artículo 173 de la Constitución, Procedimiento Consultivo, y sean ellos mismos quienes convoquen a una depuración; en 1993 el clamor popular fue creciendo; solo así se sintieron presionados los diputados y ellos mismos decidieron autodepurarse.

Después de que los diputados aprobaron modificar el Código Penal y crearan así una amnistía disfrazada para los secretarios de los partidos políticos, distintos actores como el abogado Alfonso Carrillo y el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpusieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Dichos amparos fueron aceptados de manera provisional; el dictamen de la CC en el capítulo III se lee: “En tal sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación por parte del pleno del Congreso de la República… en la que aprueban los decretos 14-2017 y 15-2017, que contienen modificaciones al Código Penal… ello en virtud que constituye una seria amenaza que, en caso de cobrar vigencia, podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”.

Para el constitucionalista Allan Estrada, esta última línea podría traducirse en una acusación penal contra los diputados que votaron a favor de las iniciativas.

El hecho de haber aprobado un decreto que es considerado por la CC como una amenaza para la institucionalidad, así como haber aprobado una ley, que algunos aducen no haber conocido ni leído, constituyen los delitos de incumplimientos de deberes y violación a la Constitución, indicó.

Al ser consultado respecto a los posibles delitos que pudieron haber cometido los diputados, el jefe de la Fiscalía Especial Contra Impunidad, Juan Francisco Sandoval, aseguró que al momento que se haga oficial el amparo otorgado por la CC se estudiará si existen elementos para que el Ministerio Público actúe.

“En caso de cobrar vigencia, las reformas al Código Penal, podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”.

Vía: Cerigua