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Cámaras empresariales manifestaron su rechazo a las modificaciones que el Congreso de la República realizó al Código Penal, con las cuales reformaron el delito de Financiamiento Electoral Ilícito y conmutaron las penas de prisión que no excedan los diez años a razón de una multa económica.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) consideraron que estas reformas fueron aprobadas para asegurar la impunidad y representan un retroceso en la lucha por un efectivo Estado de Derecho.
Sectores que nos hemos manifestado sobre la necesidad de una reforma integral de la normativa penal, no podemos menos que mostrar nuestro rechazo , dado que esta reforma, lejos de asegurar garantías constitucionales, procura fomentar la impunidad, señaló el CACIF.
El comité empresarial señaló que las graves implicaciones de estas modificaciones no solo alcanzan el ámbito de los delitos de alto impacto, sino también los delitos de orden común como la extorsión y el robo agravado, por lo que solicitaron al presidente Jimmy Morales a vetarlas.
En un sentido similar se pronunciaron la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS) que pidieron al mandatario vetar las modificaciones al Código Penal, pues consideran que su contenido es contrario al fortalecimiento de la aplicación de la justicia y de los intereses de la nación.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) expresó su profunda indignación y rechazo por el actuar de los congresistas, pues aseguró que las reformas favorecen la falta de transparencia en el manejo de recursos provenientes del financiamiento electoral, promueven la impunidad y la lucha contra la corrupción, propician la existencia de estructuras criminales que financian las actividades criminales y constituyen un estímulo para la comisión de delitos comunes.
La PGN declaró que estas reformas no deben ser sancionadas por la presidencia por contravenir claros principios constitucionales, menoscabar el Estado de Derecho e inobservar el compromiso asumido ante los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción.
Vía: Cerigua
