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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó su consternación por la tragedia que enluta al país, ocurrida en el llamado “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción y se unió al dolor que embarga a las familias de las jóvenes víctimas y al país entero.
La principal gremial de periodistas del país ve con preocupación y tristeza cómo las instituciones involucradas soslayan su responsabilidad y evidencian su negligencia manifestada en el descuido en el que se encuentran estos centros que más parecen campos de concentración que de orientación social para las víctimas de la marginación social y estatal.
Asimismo, insta a que las investigaciones se realicen en el marco de justicia, prontitud y plazos perentorios para dar con los responsables de la incineración de los cuerpos de las niñas y adolescentes, de las torturas, flagelaciones, violaciones, ultrajes.
Considera que las averiguaciones deben incluir a los y las juezas que no cumplieron con su obligación de ordenar protección a los adolescentes allí prácticamente encarcelados y que ordenaron el envío a dichos albergues a menores en conflicto con la ley que ya habían cumplido su condena.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) demanda que se aclaren las denuncias que involucran al personal del centro que permitió abortos para ocultar los abusos sexuales de personal, de vigilantes e internos, de acuerdo con las denuncias de las víctimas.
“Aunque los autores materiales están a la vista, hay otros responsables que sustrajeron a los jóvenes de sus hogares bajo cualquier pretexto jurídico, de protección y cautelar y los llevaron a lugares que no reúnen los requisitos mínimos de protección y seguridad y los dejaron abandonados a su suerte”, agrega.
La entidad destaca que los mayores responsables son el Estado y la sociedad; la falta de políticas públicas de seguridad social y protección a la niñez, protección a la primera infancia y a la familia, como lo ordenan los dos primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La APG condena el hacinamiento de menores en esos centros que distan mucho de ser “hogares” y mucho menos “seguros”, así como la falta de una estructura que permita que los infantes y adolescentes sean atendidos con psicólogos, trabajadoras sociales y trabajadores con un corazón humano, para prodigar amor, atención profesional y de calidad.
Finalmente, la APG exige al gobierno respuestas idóneas y acciones inmediatas sobre la tragedia; demanda responsabilidad del Ejecutivo para elaborar planes de atención a la primera infancia y a la niñez en estado de indefensión, y reclama que nunca más menores en conflicto con la ley por la comisión de graves delitos sean incorporados a esa población de niños y niñas vulnerables.
Via: Cerigua
