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Mientras la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala examina una acción de inconstitucionalidad contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional insta al Congreso de la República de este país a que aproveche la oportunidad de este debate en la máxima instancia judicial, para abolir de una vez esta pena en la legislación nacional.
La información señala que la Corte de Constitucionalidad (CC) debe decidir si la imposición de la pena de muerte viola los principios consagrados en la Constitución del país; la acción de inconstitucionalidad se presentó el 25 de noviembre de 2016 y se prevé que en los próximos días se anuncie una decisión; el año pasado, la CC resolvió que las disposiciones del artículo 132 del Código Penal guatemalteco, que preveían la Pena de Muerte para ciertas circunstancias agravantes de asesinato, eran inconstitucionales.
Amnistía recordó que no ha habido ejecuciones en Guatemala desde el 2000, cuando se derogó el Decreto Ley 159, que daba al Presidente de la República la facultad de conceder indulto, en contravención con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la última condena a muerte del país se conmutó en 2012.
En julio de 2016 se presentó la iniciativa de ley 5100 para abolir la pena de muerte, que recibió la aprobación conjunta de las tres comisiones parlamentarias (derechos humanos, Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia y Legislación y Puntos constitucionales) el 3 de agosto.
El 13 de octubre la iniciativa fue sometida a primera lectura en la sesión plenaria del Parlamento y hasta la fecha se encuentra pendiente de la decisión del Congreso.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante; el derecho a la vida está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La conveniencia de la abolición de la pena de muerte está consagrada en el derecho internacional; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano experto encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en Guatemala, ha declarado que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida.
Amnistía Internacional considera que toda ejecución es un acto que no sólo deshumaniza a quienes la llevan a cabo, sino que también menoscaba el valor que da la sociedad a la vida humana.
La Pena de Muerte es una forma única de pena cruel, pues además de la crueldad de la ejecución en sí, conlleva la crueldad de obligar a la persona condenada a esperar en el corredor de la muerte contemplando la perspectiva de la ejecución; mientras todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la discriminación y el error, la pena de muerte es irrevocable y, una vez infligida, no se puede deshacer, indicó Amnistía.
Via: Cerigua
