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Diversas organizaciones de la sociedad civil de Guatemala manifestaron su absoluto apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en sus esfuerzos por depurar el sector justicia de estructuras criminales que operan con la complicidad de juezas y jueces, que deben ser investigados con celeridad para evitar la corrupción.
Las entidades, entre ellas el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Asociación de Profesionales Mayas de Ixcán, la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), reconocen la labor de jueces independientes, imparciales y honestos.
Es el caso del juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, quien se excusó de conocer el caso IGSS-PISA, por haber sido requerido por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, de favorecer a su hijo Otto Molina Stalling, procesado por dicho caso.
Las y los representantes de las organizaciones sociales mostraron su indignación por las presiones que han existido en contra de jueces y juezas independientes, quienes debido al cumplimiento de su legítima función, han sido objeto de presiones indebidas; pero es más preocupantes que dichas presiones provengan del interior del Organismo Judicial, lo que constituye obstrucción a la justicia y abuso de poder, indicaron.
Finalmente exigen al Estado de Guatemala dar todo el apoyo necesario al juez Ruano Pineda, así como a otros operadores de justicia independientes y dispuestos a contribuir a la depuración del sistema de justicia; asimismo, piden la renuncia de la magistrada Blanca Stalling, para facilitar una investigación rápida por parte del Ministerio Público.
También firman la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), entre otras agrupaciones.
Via: Cerigua
