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Diversas organizaciones de derechos humanos informaron que este miércoles, 27 de julio, se llevará a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) como parte del amparo que busca que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea revertida y en consecuencia se otorgue con lugar el antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado de la bancada oficialista.
El comunicado, suscrito por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Comunidad de Plan de Sánchez y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), señala que la acción busca remover el privilegio del derecho de antejuicio del que goza el actual funcionario.
Asimismo, pretende que sea juzgado por su posible participación en varios hechos constitutivos de delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada, cometidos por el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado mientras se encontraba de alta en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, conocida actualmente como Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
El documento refiere que el acceso a la justicia es un derecho que se debe garantizar a todas las víctimas del conflicto armado interno; su pleno ejercicio es primordial en un Estado de derecho y es una deuda que el Estado de Guatemala posee con quienes aún hoy en día sufren las secuelas de esa confrontación.
Es por eso que resulta primordial resolver el derecho o no de antejuicio de quienes hayan participado en graves violaciones a los derechos humanos, para que enfrenten la justicia, lo cual constituye el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia de quienes sufrieron el abuso estatal durante el conflicto.
Las agrupaciones, entre las que también se encuentra la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi (Adivima), la Asociaicón de Vecinos de la finca Chicoyoguito y la Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz (Codevi), confían plenamente en que el ex militar Ovalle Maldonado enfrente proceso penal por actos cometidos durante el conflicto armado.
Consideran necesario que su inmunidad sea removida y finalmente sea este un precedente para todos aquellos que se han mantenido en las filas del Estado con el único fin de perpetuar la inmunidad para quienes han cometido hechos criminales en el pasado.
La vista pública de este miércoles representa un paso importante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos acaecidos en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, donde se han encontrado los restos de más de 500 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Via: CERIGUA
