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Luego de 14 meses en prisión preventiva, siete líderes comunitarios Q’anjobal’es y mestizos, de Huehuetenango, fueron absueltos por la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, lo que confirma la situación de opresión y sometimiento de la que han sido objeto los pueblos a lo largo de la historia, señala un comunicado del Consejo del Pueblo Maya.
El pasado viernes fueron absueltos los dirigentes Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan y Mynor López
“La judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo contra los pueblos indígenas”, expresó y destacó que el fallo del viernes condenó el uso del sistema judicial a favor de la Hidro Santa Cruz, empresa de capital español, en detrimento de los derechos de Q’anjobales y mestizos.
“Los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones contra los líderes comunitarios fueron arbitrarias, debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de nuestros pueblos”, subraya el comunicado del CPO.
Y añade que la imposición del modelo extractivista, lejos de impulsar el desarrollo, propicia la voracidad y criminalidad de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocar crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.
Asimismo, subraya que en este proceso quedó vigente la necesidad de investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia de Huehuetenango, como responsables directos de esta tragedia; además, será necesario un resarcimiento digno a las víctimas de la criminalización por parte del Estado de Guatemala, de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.
“El acompañamiento político y jurídico del Consejo del Pueblo Maya en este proceso penal, contribuye a que los pueblos ejerzamos con plenitud nuestros derechos fundamentales; seguiremos luchando en defensa de nuestro territorio, en la construcción del Estado Plurinacional, el bien vivir y la profundización de la democracia, porque no somos criminales, somos defensores de la vida y el territorio”, concluye el comunicado.
Via: CERIGUA
