Fiscales de Argentina y Guatemala ofrecen colaborar en caso “Panama Papers”, Las fiscalías de Argentina y Guatemala dieron a conocer a la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, su voluntad de solicitar asistencia judicial para investigar los posibles delitos revelados en la filtración conocida como “Panama Papers”.
Sin embargo, la fiscal general aclaró que ninguna de estas oficinas ha hecho una solicitud oficial, solo comunicaciones informales, como sus homólogos de Guatemala y Argentina, quienes tienen interés en remitir asistencias judiciales en materia penal.
La investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) conocida como “Panamá Papers”, fue dada a conocer la semana pasada.
Esta publicación representa una de las mayores filtraciones de información de la historia con más de 11.5 millones de documentos sobre operaciones financieras en paraísos fiscales desde hace más de 40 años, las cuales se han logrado con el apoyo de la firma panameña “Mossack Fonseca”, una de las principales creadoras de empresas fantasmas a nivel mundial, que tiene 40 oficinas en todo el mundo, incluida una filial en la ciudad de Guatemala.
Una sociedad offshore es una empresa que desarrolla su actividad en determinado país, pero que está registrada en otro catalogado como “paraíso fiscal”, donde goza de ciertos beneficios como el secreto bancario, escasa regulación bancaria y la exoneración del pago de impuestos.
La investigación, en la que participaron más de 100 medios de comunicación y cerca 400 periodistas, inició el año pasado luego de que un informante anónimo filtrara al diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) documentos internos de la compañía panameña.
La investigación develó que Guatemala era el sexto país a nivel mundial con más usuarios en la compañía Mosack Fonseca, en los que se encuentran 444 intermediarios, 1 mil 234 empresas, 33 clientes y 368 accionistas; el país se encuentra detrás de Hong Kong, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y Panamá.
En el caso de Guatemala, hasta el momento la información únicamente ha revelado un caso en el que estarían involucrados la narcotraficante Marllory Chacón Rossel, el abogado Francisco Palomo, asesinado en junio del 2015, y el bufete Díaz-Duran y Asociados, que era dirigido por el diputado Juan Manuel Díaz-Duran, del partido Visión con Valores (VIVA).
En 2009, Mossack Fonseca vendió una sociedad y ofreció servicios a un grupo de personas que tenía antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos en Guatemala y Panamá; la empresa era presidida por Chacón Roseel, quien posteriormente fue identificada como las más activa lavadora de dinero en el país y líder de una célula del cártel de Sinaloa, señaló Univisión, que formó parte de la investigación.
Vía: Cerigua